La fiera herida

Armando Durán define la crisis venezolana como el “Tercer Gobierno del Régimen Chavista”

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Escribir este artículo en tiempo real y actual es una tarea titánica. Tan solo por ejemplificar, la cadena madrugadora, anunciando que esa mesa de negociación de las facciones del chavismo que denominaron Consejo de Defensa había resuelto el impasse con la Fiscal General de la República, implicó un cambio de escenario. Porque si fuera cierto que Maduro es el impulsor de las sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional, anulando el ámbito de atribuciones de la Asamblea Nacional y asumiendo el ejercicio de las mismas, tendríamos que concluir que se produjo un error de cálculo de su equipo y sus asesores cubanos.

La afirmación anterior deriva de la notoria consternación por la reacción inmediata de la comunidad internacional y, en lo interno, a la posibilidad de activación simultánea de los dos únicos escenarios que quitan el sueño al régimen. Me refiero a la protesta de calle, canalizada por la política e impulsada por la necesidad económica y hambre, más el recalentamiento de las tribus militares. Está claro que ellos no temen para nada a esos factores disimiles que se hacen llamar oposición y que tienen como única óptica participar en cualquier elección, independientemente de las condiciones. Pero también deben considerar que en las filas de la M.U.D hay veteranos líderes que saben muy bien surfear sobre las olas de la oportunidad; y lo van a hacer.

Pero si no fuera así, y aquí pido un esfuerzo de abstracción, la facción roja que quiere desalojar a Maduro del poder va por buen camino. Bajo la hipótesis de que nos encontremos en los estertores del Segundo Gobierno Rojo, los radicales aunados a las mafias de corrupción y narcotráfico se resisten a entregar el poder y desarrollan lo que personalmente califico como la “defensa de la fiera herida”; un conjunto de acciones dirigidas a sacrificar lo que haya que sacrificar para garantizar la permanencia mediante lo que Armando Durán define como el “Tercer Gobierno del Régimen Chavista; o, al menos, un entendimiento con factores económicos y políticos que les permita un cogobierno.

No voy a enfocar este análisis en disquisiciones sobre derecho constitucional, argumentaciones sobre el Golpe de Estado como proceso continuo o la utilización del Tribunal Supremo de Justicia como ariete indispensable en la ejecución del plan autoritario. Todo esto está sobreentendido. Lo absolutamente relevante es determinar quién está detrás de esos dos actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial y la ruptura del orden constitucional, en el supuesto de que no fuera el mismo Maduro. La primera consideración que debe hacerse es que la correlación de fuerzas cambió en el seno del T.S.J. y que la línea conductual se modificó. Ahora está a cargo un personaje impuesto para que ejecute sin divagaciones ni medir consecuencias en sus acciones.

Otro aspecto a considerar es que así como la antigua presidenta del T.S.J. perdió la pelea y se tuvo que retirar momentáneamente de las tablas, porque sigue ahí como caimán en boca de caño esperando que el alacrán que la sustituyó asuma su naturaleza, la señora Luisa Ortega estaba técnicamente caída desde el mes de diciembre del año pasado. Solo esperaba la excusa para salir por la puerta delantera y le dieron la oportunidad de oro para hacerlo. Las declaraciones de la Fiscal General de la República, calificando a las referidas sentencias 155-17 y 156-17 de la Sala Constitucional como “un desconocimiento del modelo de Estado establecido en la Constitución y una ruptura del orden constitucional”, sacudieron las bases de cualquier plan, independientemente de quien lo haya montado; y esto hay que reconocerlo.

Ahora viene la ejecución de las estrategias de todos los actores. Los militares, verdadero partido de gobierno, solo guardan silencio hacia afuera porque, en lo interno, están gritando y blandiendo los sables. Ellos dieron el ultimátum de la forma como saben hacerlo y obligaron a armar el otro teatro del Consejo de Seguridad que resolvió “la controversia de autoridades”, sin que alguno de los contendores estuvieran presentes. Ese cuerpo dio una orden al T.S.J., dejando remarcado el grado de postración y dependencia de los individuos que lo integran, para que fuera cumplida mediante una aclaratoria que trata de borrar un golpe de Estado. En realidad han quedado habilitados para intervenir, dar el suyo, con la seguridad de que serán aplaudidos por la desesperación y sus actos no tendrán consecuencias, en lo inmediato, ante el deseo de la comunidad internacional de solucionar este “impasse” de cualquier forma. Lo único que tienen que hacer es convocar a elecciones al día siguiente de tumbar al Presidente Golpista.

Las mafias de la corrupción y el narcotráfico controlan a cualquiera de las facciones militares que asuma el reto. Tienen el poder económico, son dueños de casi todos los medios de comunicación social no oficiales, entre sus filas está la mayoría de los subrogantes civiles y, por si fuera poco, manejan los hilos de los factores cooperantes de la misma oposición. Pero designar al capo di tutti capi o al Osama criollo resultaría una operación altamente riesgosa. Además, la logia militar no va a asumir la responsabilidad para colocar a algún civil que represente el mismo desastre que ha sido Maduro.

La dirigencia opositora sabe perfectamente que no existe posibilidad de dialogo abierto pero si de negociación. Estamos en manos del Presidente de la Asamblea Nacional. En el momento en que la representación de la soberanía popular  se siente con Maduro y su equipo, todo se terminaría; la comunidad internacional respiraría aliviada y los militares no tendrían justificación. Pero el nivel de rechazo general llegaría al extremo de la ruptura definitiva de los factores democráticos. A los integrantes de la M.U.D solo les queda plantarse firmes y dignos, declarar la nulidad de las designaciones de los magistrados express, exigir la liberación de los presos políticos, destituir a todos los miembros de la Sala Constitucional y desautorizar uno a uno lo actos írritos que decretó el ejecutivo sin someterlos a su control.

En cuanto a Luisa Ortega, ella debe entender que si antes la querían sacar ahora van por su cabeza. Que no cometa el mismo error de la Asamblea Nacional al dejar actuar a los que luego fueron sus verdugos. Tiene que materializar sus palabras asumiendo las consecuencias. El Ministerio Público debe proceder, como titular de la acción penal, a iniciar los procedimientos que correspondan contra  los perpetradores de los delitos cometidos y los actos de transgresión del orden constitucional. Y tiene que activar al Consejo Moral Republicano para que suspenda inmediatamente a los miembros de la Sala Constitucional, al margen de lo que debe hacer el Parlamento. Lo contrario, su pasividad o complicidad, sería un suicidio.

Cortecía http://lacabilla.com por Tulio Álvarez – @tulioalvarez

Fuente: http://lacabilla.com/?p=1923